Lupicinio Rodrigo ha sido obligado a coger la dedicación exclusiva por primera vez en sus doce años como Diputado Provincial
La Junta de Castilla y León pone fin al todo vale y obliga a los políticos a cumplir su trabajo de funcionarios
Francisco Lupicinio Rodrigo, también alcalde de Villamol, ha decidido solicitar la excedencia en su plaza de veterinario de la Junta de Castilla y León en Sahagún.
A rajatabla. Así es como está haciendo cumplir la Junta de Castilla y León el Decreto 210/2000 de 11 de octubre, por el que se regulan las vacaciones, licencias y permisos del personal al servicio de la Junta, a aquellos que a su trabajo de funcionario o personal laboral de la Administración autonómica suman la de su labor como políticos en ejercicio.
Todos ellos están recibiendo la notificación de sus respectivos responsables en la que se les recuerda que, según el artículo 16 del reglamento sólo tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo «la quinta parte» de las horas laborales en cómputo trimestal. Eso es tanto como decir que pueden estar fuera de su trabajo como funcionario 96 horas cada tres meses, que suponen sólo 2,4 horas a la semana.
Precisamente este régimen tan severo a la hora de aplicar el reglamento es lo que provocó la dimisión de la concejala del PP en el Ayuntamiento de León, María Jesús de la Puente, ya que tuvo que optar entre su trabajo como médico o el de concejal en León, donde no tenía dedicación exclusiva.
El caso Lupicinio Rodrigo, punto de inflexión.
Francisco Lupicinio Rodrigo, también alcalde de Villamol, ha decidido solicitar la excedencia en su plaza de veterinario de la Junta de Castilla y León en Sahagún.A rajatabla. Así es como está haciendo cumplir la Junta de Castilla y León el Decreto 210/2000 de 11 de octubre, por el que se regulan las vacaciones, licencias y permisos del personal al servicio de la Junta, a aquellos que a su trabajo de funcionario o personal laboral de la Administración autonómica suman la de su labor como políticos en ejercicio.
Todos ellos están recibiendo la notificación de sus respectivos responsables en la que se les recuerda que, según el artículo 16 del reglamento sólo tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo «la quinta parte» de las horas laborales en cómputo trimestal. Eso es tanto como decir que pueden estar fuera de su trabajo como funcionario 96 horas cada tres meses, que suponen sólo 2,4 horas a la semana.
Precisamente este régimen tan severo a la hora de aplicar el reglamento es lo que provocó la dimisión de la concejala del PP en el Ayuntamiento de León, María Jesús de la Puente, ya que tuvo que optar entre su trabajo como médico o el de concejal en León, donde no tenía dedicación exclusiva.
El caso Lupicinio Rodrigo, punto de inflexión.
Hasta no hace mucho, la ‘manga ancha’ estaba instalada en la administración, que en no pocas ocasiones permitía a los funcionarios-políticos o políticos-funcionarios que se ausentaran de sus puestos de trabajo para desempeñar su labor como concejales, alcaldes, diputados, procuradores..., más tiempo del que les está permitido según este reglamento.
Pero todo cambió este mismo año, concretamente en marzo pasado, cuando estalló el escándalo del diputado del PP, Lupicinio Rodrigo, quien a su retribución como diputado provincial, por entonces sin dedicación exclusiva, sumaba el sueldo de veterinario de la Junta en la comarca de Sahagún, además de alcalde de Villamol. Según una denuncia presentada por un veterinario interino ante la Junta, Lupicinio Rodrigo se había ausentado de su puesto de veterinario 256 días en un año y todo para asistir a las diferentes comisiones, juntas de gobierno y plenos de la Diputación.
En ese momento, la Junta decidió abrir un expediente al diputado y una investigación, en la que se vieron involucrados hasta 86 funcionarios, a los que el decreto obliga a devolver lo cobrado, siempre que superen las 2,4 horas a la semana que se les permite ausentarse de su trabajo para desempeñar su labor como cargos públicos. Tal y como recoge textualmente el artículo 16 en su apartado a: «En el supuesto de que el empleado público perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber, se descontará su importe de las retribuciones».
En su momento entonces se esgrimió desde la Delegación Territorial de la Junta la dicotomía entre la legislación del Estado y de la Comunidad autonóma para justificar el caso de Lupicinio Rodrigo y del resto de funcionarios. Así se arguyó la Ley 7/1985, de 2 de abril que garantiza el cobro por «la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de la que formen parte».
Ahora, todo ha cambiado y la Junta ha decidido tomar sólo en consideración su propia norma para llevarla a efecto hasta sus últimas consencuencias. El ejemplo más claro, además del caso de la edil del PP de León que dejó su puesto en el área de Juventud, Participación Ciudadana y Plan Municipal sobre Drogas a finales de septiembre, es el hecho de que el propio Lupicinio Rodrigo ha sido obligado a coger la dedicación exclusiva en la Diputación por primera vez en los doce años —al final de este mandato serán dieciséis— que lleva como diputado provincial. Hasta este momento siempre había compaginado su trabajo como veterinario con el de diputado provincial. Ahora, en cambio ha decidido solicitar la excedencia en su plaza en Sahagún.
Pero éstos no son los únicos casos. Ahí está el de ex senador del PSOE y concejal de Toral de los Vados, José Giménez, quien ha vuelto a su puesto como ATS en Villaquilambre y desde la gerencia de Atención Primaria ya se le ha comunicado la imposibilidad de ausentarse de su trabajo más tiempo de lo que le está permitido por Ley.
Una norma que, entre otras cuestiones, no permite la asistencia por ejemplo a los actos del partido en el que se militan, congresos, ejecutivas o comités, siempre que éstos se celebren dentro del horario de funcionario. El decreto, en el mismo artículo 16 sólo entiende por «deber de carácter público o personal», además de la asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, eso sí previa citación, «la asistencia a Pleno, comisiones informativas o de Gobierno de la entidades locales y la asistencia a reuniones o actos, por aquellos empleados públicos que ocupen cargos directivos en asociaciones cívicas». Nada se dice de patidos políticos.
Pero todo cambió este mismo año, concretamente en marzo pasado, cuando estalló el escándalo del diputado del PP, Lupicinio Rodrigo, quien a su retribución como diputado provincial, por entonces sin dedicación exclusiva, sumaba el sueldo de veterinario de la Junta en la comarca de Sahagún, además de alcalde de Villamol. Según una denuncia presentada por un veterinario interino ante la Junta, Lupicinio Rodrigo se había ausentado de su puesto de veterinario 256 días en un año y todo para asistir a las diferentes comisiones, juntas de gobierno y plenos de la Diputación.
En ese momento, la Junta decidió abrir un expediente al diputado y una investigación, en la que se vieron involucrados hasta 86 funcionarios, a los que el decreto obliga a devolver lo cobrado, siempre que superen las 2,4 horas a la semana que se les permite ausentarse de su trabajo para desempeñar su labor como cargos públicos. Tal y como recoge textualmente el artículo 16 en su apartado a: «En el supuesto de que el empleado público perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber, se descontará su importe de las retribuciones».
En su momento entonces se esgrimió desde la Delegación Territorial de la Junta la dicotomía entre la legislación del Estado y de la Comunidad autonóma para justificar el caso de Lupicinio Rodrigo y del resto de funcionarios. Así se arguyó la Ley 7/1985, de 2 de abril que garantiza el cobro por «la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de la que formen parte».
Ahora, todo ha cambiado y la Junta ha decidido tomar sólo en consideración su propia norma para llevarla a efecto hasta sus últimas consencuencias. El ejemplo más claro, además del caso de la edil del PP de León que dejó su puesto en el área de Juventud, Participación Ciudadana y Plan Municipal sobre Drogas a finales de septiembre, es el hecho de que el propio Lupicinio Rodrigo ha sido obligado a coger la dedicación exclusiva en la Diputación por primera vez en los doce años —al final de este mandato serán dieciséis— que lleva como diputado provincial. Hasta este momento siempre había compaginado su trabajo como veterinario con el de diputado provincial. Ahora, en cambio ha decidido solicitar la excedencia en su plaza en Sahagún.
Pero éstos no son los únicos casos. Ahí está el de ex senador del PSOE y concejal de Toral de los Vados, José Giménez, quien ha vuelto a su puesto como ATS en Villaquilambre y desde la gerencia de Atención Primaria ya se le ha comunicado la imposibilidad de ausentarse de su trabajo más tiempo de lo que le está permitido por Ley.
Una norma que, entre otras cuestiones, no permite la asistencia por ejemplo a los actos del partido en el que se militan, congresos, ejecutivas o comités, siempre que éstos se celebren dentro del horario de funcionario. El decreto, en el mismo artículo 16 sólo entiende por «deber de carácter público o personal», además de la asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, eso sí previa citación, «la asistencia a Pleno, comisiones informativas o de Gobierno de la entidades locales y la asistencia a reuniones o actos, por aquellos empleados públicos que ocupen cargos directivos en asociaciones cívicas». Nada se dice de patidos políticos.
Se puede ser más hipócrita que este tío y los que como él se han adueñado durante todos estos años de lo que sabían que no les pertenecía?. Cuánto sinvergüenza, caradura y vividor.
ResponderEliminarA todos estos politiquillos hay que bajarles de la nube en que viven y que pisen el suelo junto a la ciudadania que tantos recortes ha tenido que sufrir por culpa de estos vividores.
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